El tema del almacenamiento de los residuos nucleares ha vuelto a saltar a la palestra tras la publicación en el BOE del pasado 29 de diciembre de la convocatoria dirigida a las administraciones locales para presentar candidaturas para albergar el Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC) de residuos radioactivos de alta actividad. Para aquéllos de nosotros que llevamos décadas trabajando en la búsqueda de una solución al almacenamiento de estos residuos, ésta es una gran noticia. Para las propietarias de las centrales nucleares también, ya que éstas tiene un problema acuciante: ¿qué hacer con los residuos nucleares cuando las piscinas de almacenamiento se llenen? Por fin, España tendrá un almacén donde albergar los residuos generados por las centrales nucleares durante los próximos sesenta años, mientras se continúan las investigaciones y se toman las decisiones apropiadas que conduzcan al almacenamiento definitivo de los mismos. Han surgido voces contrarias a la construcción de este almacén que parecen implicar que la decisión de la implantación del mismo será impuesta desde el Gobierno. Nada más lejos de la realidad. Desde que en 2006 la Comisión Interministerial creada al efecto convocara un periodo de información sobre el proceso de selección, construcción y licenciamiento de una instalación de este tipo, no debe caber la menor duda de que este proceso está basado en tres pilares fundamentales: la voluntariedad, la transparencia y la información, como se explicará más adelante.

Salvado el escollo técnico —hay más de una docena de ATCs en funcionamiento en Europa y Norteamérica y disponemos de un diseño genérico de ATC ya aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear que usa como patrón el ATC holandés— nos quedaba el escollo sociopolítico. Tras cinco años trabajando para superar este escollo, desde que en diciembre de 2004 la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados aprobara, con el acuerdo de todos los grupos políticos, una resolución para instar al Gobierno a desarrollar los criterios necesarios para la instalación de un ATC, el proceso continúa y en las próximas semanas se deben de recibir las candidaturas de los ayuntamientos que estén interesados en alojar el ATC.

El diseño del ATC realizado por ENRESA y aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear adopta la tecnología de bóveda de entre aquéllas adoptadas por los ATCs existentes. Ocupará una superficie de unas 20 ha, y estará compuesto por tres módulos: recepción, acondicionamiento y almacenaje. Los residuos serán almacenados en 240 tubos con el objetivo de enfriarlos por ventilación natural. El ATC podrá albergar 6700 toneladas de combustible, esta cifra es aproximadamente el doble de los residuos que se han generado ya y que están esperando destino en las piscinas de las centrales nucleares o en los almacenes temporales individualizados (ATI) para los casos de las centrales de Trillo y Garoña. Las características necesarias del emplazamiento para la construcción de un ATC son poco restrictivas; más allá de que sea un terreno aproximadamente llano y libre de riesgos, no hay restricciones en cuanto  la meteorología, o al tipo de terreno, aunque se buscará una zona geológicamente estable, lejos de zonas de inundables, sin actividad tectónica o volcánica próxima, fuera de zonas naturales y sin que el emplazamiento pueda influenciar recursos naturales (como agua o minería) de interés estratégico. Pero, insisto, éstos son sólo algunos de los datos técnicos de una solución viable, segura y contrastada.

El problema de la elección de emplazamiento es más un problema de índole marcadamente social, cuya resolución reside en el cumplimiento de las tres premisas de voluntariedad, transparencia e información antes citadas. Voluntariedad porque el municipio en el que se decida construir el almacenamiento habrá evaluado los beneficios socioeconómicos de la construcción y operación del  almacenamiento y habrá decidido en sesión plenaria de su corporación municipal el interés de albergar dicho almacén. Transparencia e información porque así se deriva de la puesta en marcha del proyecto COWAM España, liderado por la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares, que define una metodología para la búsqueda de emplazamientos sustentado en procesos de elaboración y toma de decisiones que sean democráticos, plurales y participativos. Cualquier ciudadano tiene acceso a la página web de la Comisión Interministerial para la selección del emplazamiento ATC donde podrá recabar la información relevante sobre las características del proyecto y desde donde a través de un sencillo formulario puede hacer las consultas que estime oportunas. Además, se crearán Comisiones Locales de Información, que se configurarán como la plataforma básica de participación, constituidas por representantes regionales, reguladores, entidades económicas regionales, sindicatos locales y representantes del público en general.

La construcción del ATC tendrá beneficios para el municipio que lo acoja. Beneficios derivados de la construcción del mismo (el presupuesto estimado es de 650 millones de euros y en su construcción participarán unos 500 trabajadores) de su operación (los costes de operación se estiman en 12 millones de euros anuales y dará trabajo a 150 personas) pero también de las asignaciones de ENRESA a los ayuntamientos en cuyo término municipal se ubiquen instalaciones como la del ATC.  Pero los beneficios no serán sólo para el ayuntamiento, la comunidad científica dispondrá de un centro tecnológico donde se desarrolle investigación básica y aplicada orientada a la evaluación de nuevos procesos y materiales que mejoren la gestión de esos residuos, así como sistemas de tratamiento y reducción del volumen del combustible gastado, como la separación o la transmutación. Este centro tecnológico, de manera similar a cómo ya lo hace el Centro Tecnológico Mestral construido a la par que se desmanteló la central de Vandellós I, tendrá una intensa relación con su entorno inmediato, contará con una plantilla de 30 investigadores y supondrá una inversión de 50 millones de euros en su construcción y de unos 2’5 millones de euros anuales para su operación.

En definitiva, el anuncio por parte del Gobierno del comienzo de la última fase para la selección del emplazamiento del ATC debe de recibirse como una muy buena noticia. Su construcción resolverá temporalmente, como la propia denominación del almacenamiento indica, un problema importante. Durante los sesenta años de vida del ATC se dispondrá de un periodo razonable para buscar la solución definitiva a la gestión de los residuos radioactivos de alta actividad y para seguir de cerca los proyectos de aquéllos países que ya han optado por esa solución. Mientras tanto: bienvenido sea el ATC.